1960 – Provincias Unicamerales

Introducción

Actualmente ocho jurisdicciones argentinas tienen un sistema bicameral en vigencia, son los casos de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Salta, Entre Ríos, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

De acuerdo a dos juristas del siglo 20, René Capitant y Carl Schmitt, advertían que la representación local o provincial, era más fuerte que la función de un representante de toda la Nación. Esto se debe a que tanto los senadores y los diputados defienden con similar intensidad los intereses de sus territorios de origen. En otras palabras, no es necesario Senado alguno, para que los intereses de cada uno de los ámbitos territoriales de la provincia, se encuentren férreamente representados y defendidos; basta una sola cámara. Desde el punto de vista técnico jurídico, la unicameralidad permite una mayor celeridad en la expedición de leyes y evita la duplicidad de esfuerzos en el diseño de la legislación. Además en una sola cámara permitiría una mejor profesionalización del personal técnico, ya que se maximizan los recursos económicos en el cuerpo de asesores destinados a la investigación, con lo que el estudio de cada medida resultará más profundo.

Propuesta

Proponemos un acuerdo nación y provincias bicamerales, para que las mismas adopten el sistema unicameral, con el objetivo de mejorar la eficiencia de su trabajo, celeridad y mejorar los cuadros técnicos. Además, llevar una imagen a la ciudadanía, que no se despilfarran sus impuestos en estructuras legislativas sobredimensionas y sobrerrepresentadas.

Por otro lado, para aquellas provincias con un territorio extenso como Buenos Aires, se sugiere que se adopte una elección similar a la provincia de Córdoba, donde una parte de los diputados se eligen por el sistema proporcional y la otra parte por voto mayoritario por departamento. De esta manera, todas las localidades terminan representadas.

OBJETIVOS

Resumiendo lo propuesto, los objetivos a concretar son los siguientes:

  • Adecuar las estructuras legislativas provinciales, para evitar sobredimensionamientos y sobrerrepresentación
  • Mejorar tiempos de respuestas para sancionar un proyecto
  • Mejorar los cuadros técnicos del poder legislativo
  • Mejorar la imagen frente a la ciudadanía
  • Utilizar los recursos económicos de la ciudadanía en forma más eficiente.